Capítulo 7 Recomendaciones y futuras líneas de investigación

Abordar un problema complejo como la VBG y en especial los feminicidios, requiere de un diagnóstico preciso y monitoreo del fenómeno. Para ello es clave estandarizar y unificar los registros sobre feminicidios. A su vez, complementar la información a partir del intercambio de datos entre el Inmujeres, el MI y el resto de las instituciones que componen el SRI, con el objetivo de actuar en prevención y atención a las víctimas de forma oportuna y eficiente. En la misma línea, es necesario mejorar la calidad de los datos y la forma de registro dentro de las instituciones que integran el SRI. Es deseable lograr un sistema informático interoperable que permita el monitoreo y seguimiento de las diferentes situaciones, no importando a qué institución del SRI la mujer acuda. Un sistema que se alimente de los datos de todas las instituciones no solo haría más eficiente a la política pública sino que evitaría la rectivimización de las mujeres en situación de VBG.

Respecto a los datos oficiales de femicidios, el MI comenzó con la apertura de datos en el año 2018, es importante que continúe en esta línea para promover el uso de estos datos y la generación de conocimiento tanto por parte de la academia como de la sociedad civil. Además, es imprescindible estandarizar y sistematizar los datos sobre intentos de femicidios, hasta ahora no reportados oficialmente. Está establecido por la Ley 19.580 que el OVBG se encargue del monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos sobre VBG, sin embargo, no cuenta con personal presupuestado exclusivamente para dicha tarea. Contar con información de calidad y generar conocimiento sobre los problemas sociales es clave para las diferentes etapas de la política pública. Por lo tanto, es imprescindible dotar al OVBG de personal técnico calificado y exclusivo para dar cumplimiento a los objetivos que éste tiene por ley.

A nivel oficial para un gran conjunto de países de Latinoamérica el OIG de la CEPAL publica datos agregados de las tasas de feminicidios de los países que le reportan información. Estos datos son importantes, pero no permiten un análisis más profundo del fenómeno, para lo cual es necesario contar con datos abiertos y sistematizados de forma periódica. Una importante contribución para generar más conocimiento sobre los feminicidios sería contar con un registro estandarizado a nivel de la región como el que impulsa el proyecto de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) que está en proceso de construcción. Es importante que las instituciones del Estado se involucren en estos proyectos para facilitar el acceso a los datos.

A partir de los resultados de esta investigación, se abren nuevas líneas para profundizar el análisis y probar la robustez de los resultados. Es necesario incluir otras variables para operacionalizar el nivel socioeconómico o la autonomía económica de las mujeres, por ejemplo, medidas de pobreza multidimensional o el índice de nivel socioeconómico (Llambí y Piñeyro, 2012; Perera, 2018). Considerar únicamente la pobreza por ingresos puede ocultar desigualdades a la interna de los hogares, en particular, en hogares no pobres, las mujeres podrían igualmente no tener ingresos propios y, por lo tanto, estar en una situación de falta de autonomía económica. Si bien en Uruguay no existe aún una medición oficial sobre pobreza multidimensional, se han generado muchas investigaciones en las últimas dos décadas como se da cuenta en Machado y Vigorito (2020) que podrían incluirse en un análisis futuro.

Incorporar una noción de pobreza que incluya otras dimensiones más allá del ingreso, puede reflejar desigualdades a la interna de los hogares, por ejemplo, el uso del tiempo. Como ya fue discutido previamente en esta investigación, las mujeres independientemente de si realizan un trabajo remunerado o no, le dedican significativamente más tiempo que los varones al trabajo no remunerado en el hogar. Desde esta perspectiva multidimensional la pobreza deja de ser “neutra” en términos de género, reflejando las desigualdades entre varones y mujeres a la interna de los hogares. También resulta conveniente incorporar otras variables explicativas al análisis que no sólo puedan dar cuenta de los recursos que tienen las mujeres para salir de situaciones de VBG, sino de la presencia Estatal en los territorios. En este punto, es importante incorporar variables como la ascendencia étnico-racial e identidad de género. La VBG es un problema público, no privado ni individual, por lo tanto, no son las mujeres afectadas las que deben combatirlo sino la sociedad toda con una fuerte presencia y acción del Estado.

En definitiva, para Montevideo parece haber indicios de que el camino seguido en esta investigación puede ser útil para encontrar una relación entre los feminicidios y el nivel socioeconómico, pero es necesario mejorar la calidad de los datos, incluir otras variables en el modelo y volver a probar la existencia de autocorrelación espacial. Para el caso del interior del país la falta de georreferenciación del lugar exacto de los feminicidios, dificultó el análisis, no pudiéndose realizar una modelización como en el caso de Montevideo. Para futuras investigaciones es preciso contar con datos completamente georreferenciados y con una variable que identifique si el feminicidio ocurrió en la vivienda o no, tanto para Montevideo como para el interior, de esto depende la robustez de los resultados que se puedan obtener.

Respecto a la política pública de combate a la VBG, es claro que por los niveles de prevalencia de la VBG y la cantidad de feminicidios que ocurren anualmente el problema está lejos de ser mitigado. ¿Las acciones del Estado son suficientes? En general, realizar la denuncia policial o recurrir a servicios de atención no parece ser una solución u opción para estas mujeres (sólo el 20% mujeres asesinadas había denunciado a su agresor según datos del MI). Es necesario replantearse por parte de las instituciones del Estado, por qué estas mujeres descartan denunciar o no recurren a los servicios del Inmujeres. Pueden existir variadas razones para que no realicen la denuncia, por ejemplo, las mujeres no quieren que su pareja vaya presa o se sienten más inseguras si denuncian. Respecto a no recurrir a los servicios del Inmujeres, las razones podrían ser que no conocen los servicios o en qué medida les pueden ser útiles, no logran visualizar que están en riesgo de vida, o bien, que estos servicios no son accesibles. Por ejemplo, la distribución de los servicios en el territorio, puede ser un factor limitante para recurrir a éstos. Un número importante de feminicidios ocurrió en localidades pequeñas que, por lo general, no cuentan con un servicio específico de atención a situaciones de VBG, de hecho de los 33 servicios de atención del Inmujeres sólo 2 se encuentran en localidades de menos de 5.000 habitantes. En este sentido, resulta conveniente un mayor alcance territorial de los servicios, considerándolos un servicio básico como lo es una policlínica, una escuela o una sucursal de un banco. De esta manera se facilitaría el acceso de las mujeres a los servicios.

En definitiva, esta investigación pretende dejar abierta algunas líneas de investigaciones y arroja recomendaciones que pueden servir para una revisión y ajuste de la política pública, en pos de mejorar su eficacia en el combate a la VBG.